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La propuesta de Almunia, aunque hoy ha dicho que no pone en peligro a los astilleros, supondrá el ahogo financiero del sector naval y la desaparición de los 87.000 empleos que dependen de ellos.
Los astilleros expresan su “desolación” por la nula disposición de Almunia a admitir los argumentos jurídicos presentados por la representación institucional, empresarial y sindical española.
Eximir a los armadores (en su mayoría extranjeros) y cargar contra los financiadores (en su mayoría españoles) no cambia la situación y la consecuencia es la misma: la desaparición de la industria naval.
Almunia cede a la presión de los armadores extranjeros (a los que exime ahora de la devolución), pero carga contra los financiadores (en su mayoría españoles) de modo que abre la puerta a una larga pugna judicial que los astilleros no podrán soportar.
Madrid, 12 de julio de 2013
Si la devolución se dirige contra los inversores, atacará a una de las tres partes que sustentan la construcción naval, sin la cual esta industria es inviable. Como primer efecto, los bancos que han retenido pagos a astilleros por la incertidumbre creada por la CE, los bloquearán definitivamente, provocando la insolvencia de éstos.
Además, con independencia de que la decisión de Bruselas no permita a los inversores dirigir la reclamación contra terceros, los bancos e inversores afectados iniciarán una interminable cadena de pleitos contra los astilleros. Negarán el crédito y los avales al estigmatizado sector naval español, que se verá abocado al cierre.
Sin duda, los bancos pagarán lo que les exija la CE y, automáticamente, recurrirán la decisión en Luxemburgo. Para cuando ese tribunal dicte una sentencia definitiva ya será tarde para el sector naval. Las entidades financieras encontrarán otros sectores en los que invertir lejos del naval y de cualquier negocio sujeto a riesgo regulatorio ante la inseguridad jurídica creada por la CE.
En realidad, esta situación “tiene fácil solución: basta con que la CE no discrimine a España y sus servicios jurídicos aprecien, de una vez por todas, los sólidos argumentos jurídicos que hicieron a todos los agentes confiar en las instituciones españolas y europeas durante nueve años de aplicación del sistema de ‘tax lease’ y no se discrimine a España respecto al trato recibido por Francia de la CE en el año 2006”.
Por eso, los astilleros confían en que el presidente de la CE, Durao Barroso, intervenga en este asunto y “haga un ejercicio de sentido común y del espíritu constructivo que los países integrantes de la UE esperan de sus instituciones”.
La política de competencia europea debe tener como objetivo restituir la situación previa a la supuesta ‘distorsión’ de la competencia. El ‘tax lease’ español no distorsionó el mercado naval europeo, únicamente permitió al sector naval español competir en igualdad de condiciones que el resto de astilleros europeos. Tras dos años de imposibilidad para contratar, con la propuesta de la CE, no se recupera la situación del mercado previa al 2005, sino que se consolida el fin de los astilleros y de la industria auxiliar en España.
Para más información, dirigirse a:
Eduardo Ortiz de Arri
Tfno.: +34 647 770052
eortizdearri@gabineteseis.es
